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El Gobierno andaluz ha aprobado el Decreto Ley de medidas de reducción de trabas administrativas para las empresas, que permitirá simplificar 64 trámites derivados de normativa autonómica y que afectan al inicio o al desarrollo de la actividad económica. El texto, que se tramitará como proyecto de ley con objeto de incorporar las aportaciones de los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, agiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha informado sobre esta norma que, a su juicio, da cumplimiento al compromiso adquirido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para agilizar la tramitación administrativa en la creación de empresas y reducir "al máximo" el tiempo necesario para ello. El diálogo social ha primado, según el consejero, en el proceso de elaboración de la norma, en el que han intervenido los distintos agentes sociales y económicos.
De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de "declaración responsable", que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente. Todos ellos se suman a los 85 ya simplificados por la Junta desde el año 2011, lo que hace un total de 149.
En mayor o menor medida, la norma aprobada considera que estas autorizaciones no están justificadas por razones de interés general o son innecesarias o desproporcionadas. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medio ambiente y el juego y los espectáculos públicos. De este modo, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso y aprovechamiento de terrenos forestales.
Los 64 procedimientos simplificados forman parte del catálogo de los 220 derivados de la normativa autonómica que el Gobierno andaluz ha analizado exhaustivamente desde principios de este año para estudiar sus posibilidades de agilización. De ellos, se identificaron 26 afectados también por la legislación estatal, sobre los que no se puede actuar. De los 194 restantes, 130 se mantienen por razones de interés general, orden público, seguridad y salud pública, medio ambiente o protección del patrimonio histórico.
Para la agilización de los 64 trámites finalmente seleccionados, el Decreto Ley dispone la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes. Las leyes afectadas son la 2/1986, de Juego y Apuestas; 2/2007, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética; 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; 1/2009, reguladora de la Mediación Familiar; 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; 14/2011, de Sociedades Cooperativas, y 16/2011, de Salud Pública, así como el Decreto Legislativo 1/2012 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior.
Tanto el trabajo de identificación de procedimientos como el desarrollo del proceso de simplificación ha contado con la participación de los agentes económicos y sociales, entre ellos la Confederación de Empresarios de Andalucía; los sindicatos UGT-A y CCOO-A; las Cámaras de Comercio, y asociaciones y federaciones representativas de la economía social y del colectivo de autónomos.
Sánchez Maldonado ha precisado que ésta es una normativa "pionera" en el conjunto del territorio nacional, que nace con el fin de propiciar una iniciativa "dinámica" en el sector empresarial.
Apoyo a la creación de empresas
Otra medida novedosa que recoge el Decreto Ley es la creación de la iniciativa "@mprende ", un servicio de apoyo al emprendedor que se pondrá en marcha en el plazo de un mes para facilitar la creación de nuevas empresas de forma rápida y gratuita.
De acuerdo con esta iniciativa, la Junta se compromete a reducir los tiempos y trámites para la constitución de un negocio y a correr con los gastos notariales y de registro que ello conlleve. De este modo, se disminuirá de un mes a cinco días el trámite de constitución de una cooperativa; se impulsará la creación de Sociedad Limitada o Sociedad Limitada Nueva Empresa en un máximo de 48 horas, y en el caso de la autorización para las sociedades laborales se otorgará en tres días (frente a la media actual de tres meses). Además se ofrecerá el asesoramiento necesario para que los interesados se den de alta como autónomos en un solo día.
La iniciativa "@mprende ", gestionada por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, contará con puntos de atención en los más de 200 Centros de Apoyo al Emprendedor (CADE) repartidos por el territorio y en las oficinas provinciales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). También podrán participar, a través de acuerdos de colaboración, entidades como ayuntamientos, diputaciones y cámaras de comercio.
Según el Banco Mundial, abrir un negocio en España requiere una media de diez procedimientos y 23 días, el doble que la media de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que es de cinco procedimientos y 11 días. Con la reforma aprobada, el Gobierno andaluz pretende situarse en estas cifras y lograr que en muchos casos la actividad pueda iniciarse en 48 horas.
Licencias municipales
El Decreto Ley recoge también novedades relacionadas con la Calificación Ambiental y con la creación de la figura de la "Declaración de Inocuidad" para actividades económicas a efectos de concesión de licencias municipales.
En el primer caso, la norma establece 36 categorías económicas en las que será suficiente la presentación de una declaración responsable para iniciar la actividad. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, lavanderías, carnicerías o pescaderías de venta al por menor con una superficie inferior a 750 metros cuadrados o lavaderos de vehículos a motor con menos de 300.
En cuanto a la figura de actividades económicas inocuas, tal y como recoge la reciente Ley estatal de Unidad de Mercado, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar como tales aquellas que no generan molestias significativas, alteraciones de las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente, daños a bienes públicos o privados y riesgo para las personas. En estos casos se agilizará la concesión de licencias municipales y se eximirá de la realización de estudios de impacto ambiental.
Finalmente, el decreto ley aprobado por el Consejo refuerza las funciones de regulación económica de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que pasará, además, a ejercer como punto de contacto ante posibles reclamaciones de los operadores económicos. Asimismo, también prestará asesoramiento a las corporaciones locales en la elaboración de sus normativas.
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