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Continua el escrito del Grupo de Izquierda Unida matizando que "quienes hace pocas fechas calificaban como extraordinario éxito para España el haber conseguido para la banca un rescate directo y sin condiciones para los ciudadanos, quienes sin rubor se jactaban de la "victoria" de Rajoy sobre Merkel que traería cuantiosos beneficios para nuestro país, ahora han destapado el auténtico rostro de su vergonzosa claudicación ante los mercados, traicionando los intereses de los ciudadanos españoles".
Asímismo, destaca el Grupo político que "Rajoy ha venido de Europa usando el látigo contra la inmensa mayoría de hogares españoles, mientras trata con guante de seda a los defraudadores de cuello blanco y dinero negro. Mientras los hogares de nuestros conciudadanos se empobrecen cada día, mientras el incremento del IVA supone un aumento del coste de los productos básicos que componen la cesta de la compra de un 25%, se permiten amnistías fiscales para quienes son responsables del fraude fiscal masivo en nuestro país", añadiendo que "cada palabra del Sr. Rajoy, jaleadas sin vergüenza alguna por los diputados del PP, ha caído como un hachazo cruel contra los derechos de los trabajadores y sectores más vulnerables de nuestra sociedad".
En cuanto a las medidas, destaca que han sido efectuadas "sin negociación alguna con las demás fuerzas políticas" además de atacar a los parados reduciendo del 60 al 50% la prestación que perciben a partir del sexto mes. Mientras tanto, se permite que el sueldo medio de los consejeros del IBEX35 sea de 7,5 millones de euros (un 5% más que en 2011), se ataca a los parados, se adelanta el cumplimiento del "pensionazo", se rebaja un 7% el salario de los trabajadores públicos quitándoles la paga extra de Navidad, se eliminan las deducciones por compra de la primera vivienda, se le vuelve a hacer otro regalo a la CEOE eliminando liberales sindicales y bajando dos puntos en su aportación a la Seguridad Social, con lo que ello conlleva de peligro para el sistema público de pensiones y de trasvase de la renta de los trabajadores a los grandes empresarios, se sube el IVA, lo que además de injusto e ineficaz, perjudica al consumo y al empleo, supone una drástica reducción o eliminación de las empresas públicas, se anuncia reducir en un 30% el actual número de Concejales con la infantil excusa de ahorrar en gasto público lo que no es otra cosa que reducción de la democracia participativa, se eliminar por la vía del recorte presupuestario la aplicación efectiva de la Ley de la Dependencia, haciéndola inviable al eliminar la cotización por el trabajador/a que atiende al dependiente y reducir la partida presupuestaria, se ahonda en la crisis de los ayuntamientos, al declararse el objetivo de ahorrar 3.500 millones de euros en el ámbito de la Administración Local. Lejos de resolver la necesaria financiación de los ayuntamientos, se someterá a éstos a una mayor presión económica que hará imposible la prestación de los servicios básicos y provocará numerosos despidos en las plantillas municipales además de la eliminación de restricciones horarias para el comercio provocará un daño irreversible en las estructuras del pequeño comercio de nuestra localidad generando mayor desempleo y precariedad laboral.
Junto con estas medidas, prosigue la moción "se anuncia en el marco del Consejo de Ministros del pasado 13 de julio y en el Consejo de Política Fiscal del jueves 12 del mismo mes, la limitación expresa y taxativa del déficit de las administraciones locales que deberán mantener sus cuentas en equilibrio presupuestario o arrojar superávit, lo que provocará sin duda que los ayuntamientos no puedan hacer frente a los compromisos de atención más básicos, aumentando la fractura social y la desigualdad en nuestras localidade".
Además, se quitan competencias al Gobierno para trasladarlas a un Banco de España en libertad vigilada por un órgano como el Banco Central Europeo, que carece de cualquier control democrático. Todo ello sin ni siquiera abrir una comisión de investigación sobre nuestra banca, lo que obligará a judicializar la exigencia de responsabilidades a aquéllos que nos han llevado a esta situación. Una comisión de investigación que la mayoría absoluta del PP se ha negado a crear hasta en cuatro ocasiones en el Congreso de los Diputados, sentencia el Grupo de Izquierda Unida.
Por todo ello, propone lo siguiente: Rechazar la totalidad de las modificaciones legislativas anunciadas por el Gobierno de la Nación y las medidas de recorte propuestas en materia de derechos sociales al suponer un ataque sin precedentes a la mayoría social y al Estado Social y Democrático de Derecho que propugna el ordenamiento vigente, exigen la convocatoria de un referéndum para que el pueblo español "se pronuncie libremente al respecto", piden la elaboración de "otra política económica" que busque mayores ingresos mediante una fiscalidad progresiva que grave "a quien más tiene", se modifique el régimen fiscal de sociedades, se luche "de manera decidida" contra el fraude fiscal y la evasión de capitales y se establezca el impuesto sobre transacciones financieras.
En la moción, además muestran su rechazo a la reducción anunciada del 30% de los Concejales de las Corporaciones Locales al suponer una merma en la calidad democrática de las instituciones y eliminar el principio de justa representatividad. Consideran un atentado contra la democracia la intención del Gobierno de modificar la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), al suponer la eliminación del autogobierno de las administraciones locales y generar una injerencia sin precedentes en las competencias de los ayuntamientos, al tiempo que exigen una nueva Ley de Financiación Local.
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FOTO: Antonio Fernández
