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El efecto más inmediato que la norma conlleva es la desaparición de la Acción Concertada, línea de financiación de ayudas económicas de la Diputación, que, en palabras de Fuentes, “imponía a los ayuntamientos tabiques, que hacían muy costoso el acceso a las subvenciones hasta el punto de que muchas perdían virtualidad y otras eran un auténtico despropósito”.
“Los municipios marcarán la prioridad y evitaremos este tipo de gastos, porque hay que reorientar las inversiones hacia las necesidades básicas de los ayuntamientos. No podemos plantear inversiones como nuevos ricos”, ha apostillado el vicepresidente 1º de la institución provincial.
El mecanismo a seguir por la norma implicará que se pregunte a los consistorios sobre sus necesidades y prioridades. Se concederá la ayuda partiendo de “criterios objetivos como el número de habitantes, la dispersión poblacional o la tasa de paro”, ha explicado el vicepresidente 1º, establecidos por la nueva Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (Laula).
Manuel Gutiérrez ha destacado que con esta ordenanza se rompe el concepto de subvención “finalista”, se atiende a criterios de prioridad y la Diputación se convierte en una administración “ágil, negociadora, flexible y dialogante”.
“En términos presupuestarios, el modelo permitirá abordar no sólo la priorización de las políticas de gastos, sino profundizar en la mejora de la eficacia y eficiencia de las prestaciones y servicios”, ha añadido el vicepresidente 3º de la Diputación de Córdoba.
Asimismo, el también delegado de Presidencia ha subrayado que esta norma impulsará la mecanización de procedimientos electrónicos al simplificar los trámites, por lo que “el modelo de gestión será más ágil y habrá una transparencia total”.
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FOTO: Diputación de Córdoba
