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Según fuentes del citado Sindicato, desde hace unos meses se han instalado en las comisarías de policía un circuito interno de video vigilancia, siguiendo las recomendaciones de otro informe del Defensor del Pueblo. Con esta iniciativa según informa, se han reducido prácticamente en su totalidad las denuncias contra el tratamiento que dispensan los funcionarios policiales a las personas privadas de libertad que se encuentran en el interior de la Comisaría.
Por otro lado, existe un aumento de las agresiones a los agentes de la autoridad, las cuales se suelen resolver en los juzgados con una multa para el presunto agresor de la policía, que no excede de 90 euros. Con estos datos, el Sindicato expone que agredir a un policía es muy barato en España y cuando éstos intentan repeler una agresión o reducir a una persona en cumplimiento de la normativa vigente se les acusa de torturadores.
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