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Se trata de un programa que la Junta de Andalucía presta desde 2009 al considerar a los hijos e hijas como víctimas directas del maltrato machista. En este sentido, el Gobierno andaluz quiere que la estructura regional de protección a menores se extienda al resto del territorio nacional, una de las medidas incluidas en la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, que se encuentra a la espera de una respuesta estatal.
El programa, desarrollado a través de la asociación Acción Social por la Igualdad, tiene como objetivo mejorar el bienestar psicosocial y atender las necesidades socioeducativas de los hijos e hijas, de entre 6 y 17 años, de las mujeres que sufren o han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, y que son también víctimas directas.
El programa, que se prestaba en los centros provinciales del IAM, ubicados en las capitales, amplió en 2014 su cobertura, acercándolo a las zonas más alejadas y con mayor demanda de atención, ahorrando tiempo y costes de desplazamiento a las personas usuarias. Durante el primer semestre de este año, el servicio ha llegado a 192 menores víctimas en zonas rurales y a 316 en las capitales andaluzas. Junto a ello, se ha prestado asesoramiento a 344 madres, 121 en los municipios y 223 en las capitales.
Por provincias, en Sevilla se han atendido a 106 menores, seguida de Málaga (89); Córdoba (68); Jaén (58); Almería (55); Cádiz (52); Huelva (44) y Granada (36).
Por tramo de edad, el 57,4% de las niñas y niños tenían entre 6 y 10 años, un 26,1% entre 11 y 14 años, un 9,8% más de 14 años y un 6,4% menos de seis años.
La atención psicológica a hijos e hijas de víctimas de violencia de género pretende aumentar la autoestima, resolver conflictos psicológicos derivados de su situación, potenciar actitudes y comportamientos empáticos, así como eliminar los estereotipos y prejuicios de género. Con respecto a las madres, se les enseña a identificar señales de alarma previas a la reproducción de conductas violentas por parte de las hijas e hijos, a mejorar las relaciones entre madre y menor y a orientar sobre las pautas educativas más adecuadas a cada edad.
Las niñas y niños que, desde edades muy tempranas, están expuestos a la violencia de género en sus hogares corren el riesgo de reproducir esos patrones o sufrir secuelas que lastren el resto de su vida. A ello se añaden los problemas derivados del derecho del maltratador a los regímenes de visita, que puede dar lugar a que el menor se convierta en víctima directa como instrumento de daño del agresor hacia la madre. La propuesta andaluza de Pacto de Estado incluye la iniciativa estatal de suspender el régimen de visitas para los maltratadores.
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